Nota de Prensa
VIE 15.03.2019
La lucha legal contra la lacra de la piratería en los establecimientos públicos, y la defensa de aquellos locales que sí cumplen con la legalidad, empieza a dar sus frutos con las primeras sentencias condenatorias contra establecimientos que emitían fútbol de forma ilícita, siendo que en la actualidad ya hay más de 600 establecimientos públicos con procedimientos penales abiertos en su contra.
Las sentencias hasta ahora dictadas consideran a los titulares de los establecimientos públicos piratas autores de un delito frente a la propiedad intelectual, condenándolos a unas penas mínimas de 4 meses de prisión, al pago de importantes multas económicas, a indemnizar a LaLiga por los daños y perjuicios ocasionados, y al abono de las costas procesales.
Estas sentencias son la confirmación de la utilidad de la Red Territorial de Verificadores de Licencias de Contenido de LaLiga, cuyo objetivo es proteger los derechos audiovisuales de su Clubes y defender a aquellos establecimientos que sí cumplen con la legalidad y que se ven afectados por la competencia desleal de aquellos que emiten ilícitamente.
Este equipo, formado por cerca de 100 profesionales, trabaja por toda la geografía española detectando establecimientos públicos que hacen negocio emitiendo contenido de LaLiga de manera fraudulenta. Ya se han realizado en lo que llevamos de la presente temporada futbolística más de 80.000 visitas, detectándose más de 19.000 emisiones fraudulentas, así como además se han identificado cerca de 60 casos de suboperadores e instaladores que se lucraban comercializando y/o facilitando el acceso a los contenidos de LaLiga a locales públicos.
Todo este esfuerzo realizado, de cara a aumentar aún más su eficacia, se desarrolla en estrecha colaboración con Mediapro como licenciatario de los derechos televisivos para el Canal de Locales Públicos.
Operación Policial
Con la información recabada por este equipo de trabajo, LaLiga procedió a denunciar más de 4.300 establecimientos ante las autoridades policiales, lo que derivó en una macro operación a nivel nacional por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional, coordinada por la Sala de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, con un resultado de más de 800 decodificadores ilegales intervenidos y requisados.
Los delitos que se atribuyen presuntamente a los responsables de los establecimientos que pudieran haber resultado intervenidos se encuentran tipificados en los artículos 270.1 y 286.4 del código penal y llevan implícitas penas de hasta 4 años de prisión.
Aunque el grueso del operativo se realizó durante el mes de diciembre de 2018, en las últimas semanas se han replicado diversos operativos policiales en las islas de Mallorca y Gran Canaria.
Según una nota de prensa de la Policía Nacional, en Mallorca “los agentes comprobaron que, aproximadamente, un 75% de los establecimientos inspeccionados, se encontraban realizando esta actividad ilícita a través de diversas modalidades”.
Suboperadores/Instaladores
Además de los establecimientos públicos que emiten fútbol de manera ilícita, LaLiga tiene el foco puesto en suboperadores e instaladores cuyo negocio es proveer de decodificadores pirata tanto a particulares como a locales públicos.
En este sentido LaLiga también ha conseguido un reciente éxito con las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado de Instrucción nº2 de Sanlúcar la Mayor frente a un popular operador local que emite en la localidad sevillana de Aznalcóllar, el cual facilitaba ilegalmente la señal de los partidos de LaLiga a establecimientos públicos sin contar con la autorización preceptiva para ello.
Las medidas acordadas en el auto consisten fundamentalmente en:
- Requerir a los distintos establecimientos públicos clientes del operador ilegal el cese inmediato bajo el apercibimiento de incurrir en desobediencia, así como, la entrega de los decodificadores para su examen pericial.
- Requerir a la mercantil investigada, bajo el apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia, el inmediato cese en el suministro de los contenidos de LaLiga a cualquier tipo de establecimiento público, interesándose expresamente que dicho cese sea verificado por la Unidad de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía.
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